Gobierno de Michoacán ofrece protección y asesoría legal a Yesenia Méndez tras despido en Uruapan

Bedolla aseguró que la excolaboradora de Carlos Manzo puede acudir al Estado si considera necesario contar con medidas de seguridad o apoyo jurídico.

MORELIA, Mich., 2 de septiembre de 2026.- La exsecretaria del fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, Yesenia Méndez Rodríguez, no ha solicitado medidas de protección al Gobierno de Michoacán luego de ser separada de su puesto en el Ayuntamiento, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario señaló que la excolaboradora municipal puede solicitar protección en cualquier momento si considera que existe algún riesgo para su seguridad.

Bedolla agregó que también tiene a su disposición asesoría jurídica laboral, en caso de que determine presentar alguna acción legal relacionada con su despido.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda, confirmó que no se ha recibido una petición directa de seguridad por parte de Méndez Rodríguez. Explicó que el contacto que han mantenido con ella se ha concentrado en el acompañamiento derivado de las denuncias relacionadas con el homicidio de Carlos Manzo y su interacción con la Fiscalía General del Estado.

Denuncia despido tras ampliar declaración

La situación laboral de Méndez Rodríguez tomó relevancia después de que la exsecretaria difundiera un posicionamiento en el que aseguró que su despido ocurrió posteriormente a que decidió ampliar su declaración ante la Fiscalía.

De acuerdo con su versión, la ampliación está relacionada con información sobre su vínculo laboral con Samuel García Rivero, quien fue detenido y señalado por presuntamente proporcionar información de la agenda de Carlos Manzo al CJNG.

Méndez Rodríguez también pidió que se esclarezcan las circunstancias de sus relaciones laboral y personal con la actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.

La exservidora pública afirmó que la Secretaría de Administración del Ayuntamiento le comunicó verbalmente su separación y consideró que la decisión vulnera sus derechos laborales.

Según su propio señalamiento, comenzó a trabajar en el Ayuntamiento en 2017 y obtuvo una plaza de base en 2021.

Mientras tanto, el Gobierno estatal mantiene abierta la posibilidad de brindarle protección y asesoría jurídica si la excolaboradora decide solicitar formalmente estos apoyos.