Rancho Izaguirre: entre omisiones y búsqueda de justicia, la FGR rinde cuentas ante colectivos

Teuchitlán, Jalisco | 10 de abril de 2026.- Bajo presión de colectivos de búsqueda, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó una visita al Rancho Izaguirre para informar sobre los avances en las investigaciones de un predio que ha sido señalado como posible centro de operaciones del crimen organizado.

El recorrido, en el que participaron familias de personas desaparecidas, se llevó a cabo en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y bajo protocolos sanitarios, reflejando la sensibilidad y gravedad del caso.

El rancho fue localizado inicialmente el 18 de septiembre de 2024 por la Guardia Nacional, tras un enfrentamiento que derivó en la detención de 10 presuntos secuestradores y el rescate de dos víctimas. No obstante, el lugar quedó en el abandono institucional pese a la presencia de múltiples indicios.

Fue hasta 2025 cuando colectivos civiles retomaron el sitio, evidenciando la magnitud de lo ocurrido: prendas de vestir, calzado, objetos personales y estructuras que apuntan a actividades de reclutamiento y posible adiestramiento forzado.

Uno de los aspectos que más controversia ha generado es la falta de certeza sobre el tratamiento de restos humanos localizados en puntos de calcinación. Aunque autoridades federales han evitado confirmar la existencia de hornos clandestinos, la evidencia ha sido suficiente para mantener el caso bajo escrutinio nacional.

Durante la visita, las familias reiteraron su exigencia de transparencia, acceso a la información y participación directa en las investigaciones, ante la desconfianza generada por la aparente inacción inicial de las autoridades.

El Rancho Izaguirre se perfila como un caso emblemático dentro de la crisis de desapariciones en México, al concentrar elementos que evidencian no solo la operación del crimen organizado, sino también fallas estructurales en la respuesta institucional.

A la espera de un informe oficial sobre los resultados de esta visita, el caso continúa abierto y bajo presión social, con la exigencia de que no se repitan errores del pasado y se garantice justicia para las víctimas.